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Monday, 12 de April de 2010

COFETEL y su Bola de Cristal

Miles de personas que están regresando a México desde el último domingo, estarán en problemas de comunicación debido a que, seguramente, forman parte de los 25 ó 30 millones que no registraron sus teléfonos celulares, por lo que las autoridades federales ordenaron cortarles las líneas y dar de baja los números, pasándose por el “arco del triunfo” el daño a los principios fundamentales establecidos en las leyes de orden público como la promoción del desarrollo siguiente de las telecomunicaciones y la garantía de la prestación de servicios en beneficio de los usuarios.


El universo de los teléfonos celulares en todo el país, es de un promedio de 85 millones y la disposición de la COFETEL estaba anunciada desde hace un año, pero aún así, hasta la fecha no se ha publicado el reglamento y solo en los últimos días se mantuvo a la población bajo la amenaza de cancelar las líneas que quedaron fuera de registro.

Esta disposición, avalada además por los legisladores, se implantó con la quimera de que era para evitar los secuestros tanto reales como virtuales, así como chantajes y extorsiones, a pesar de que la mayor parte de estos ilícitos se fraguan desde las cárceles, en las que, supuestamente se implantó y se pagó un sistema para bloquear las llamadas que de todas maneras no tendrían que hacerse, porque la ley prohíbe que los reos cuenten con celulares.

Se dijo, además –y no se puede comprobar públicamente porque no existe el reglamento-,
que la información de los registros de los celulares sería específicamente para el manejo de COFETEL, pero la misma situación prevaleció con los datos del IFE que no mucho después de establecidos, fueron vendidos a compañías estadounidenses y que en la actualidad, esa información está a disposición de las policías, algunos de cuyos miembros se han visto no pocas veces involucradas con el crimen organizado.

En esta ocasión, autoridades y legisladores acusaron la población de irresponsable por cumplir con sus obligaciones en el último momento y se dio el caso de que los sistemas oficiales para lograr el registro no fueron suficientes, ni tomaron en cuenta que una buena parte de la población no cuenta con el CURP y que inclusive, que hay un promedio de 10 millones de mexicanos que no están ni siquiera dados de alta en el Registro Civil, pero que sí utilizan los celulares como parte de sus herramientas de trabajo.

La desconexión de 31 por ciento de líneas de teléfonos celulares en el país representa un acto sin precedente en el cumplimiento de un mandato legal en la historia de las telecomunicaciones y de las relaciones comerciales entre particulares.

Quienes quedaron fuera del padrón sin importar si no se inscribieron por desconfianza, desconocimiento, resistencia, inconformidad o cualquier otra razón lícita podría perder su línea, el saldo, seguirían pagando las mensualidades correspondientes conforme al compromiso contraído en el contrato con cada empresa ya que éstas disponen de los números de tarjetas de crédito a las que hacen los cargos.

Así, en cumplimiento de una disposición legal se contravinieron otras estipuladas en la Constitución, como que "las comunicaciones privadas son inviolables. La Ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y la privacidad de las mismas excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los participantes que participen en ellas."

La Cofetel señaló que para cumplir con las disposiciones legales, cada operador tuvo que diseñar soluciones tecnológicas para dar de baja a los clientes que no cumplieron con la inscripción, pero también para que a partir del 11 de abril tengan una sola oportunidad de enviar sus datos a través de un mensaje y así conservar su línea y recuperar su saldo, siempre y cuando lo soliciten "“en un tiempo razonable”" que entre muchas otras cosas en este proceso no fue precisado.

En febrero de 2009 el Legislativo modificó la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) y crea el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), cuya operación queda a cargo de la Secretaría de Gobernación, y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) es la responsable de la supervisión y coordinación con los proveedores del servicio.

La LFT establece como plazo un año para que se inscriban al Renaut alrededor de 83 millones 500 mil usuarios de celulares, de acuerdo con datos de Telcel, Telefónica, Iusacell y Nextel.

por Victor Payan – Domingo 11 de abril

 

 


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